EL INGRESO MÍNIMO VITAL SE DENIEGA MUCHAS VECES POR UNA EXCESIVA BUROCRACIA QUE EXIGE DOCUMENTACIÓN INNECESARIA
Gustavo García, portavoz de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, señala en una entrevista en La Sexta que, aunque "la burocracia es algo necesario", el problema llega cuando "se exigen cosas que no son necesarias o los trámites se alargan".
"El año pasado se dejaron de gastar 1.000 millones de euros presupuestados por ineficacia, por incapacidad". Uno de estos trámites, por ejemplo, es el Padrón Histórico Colectivo (es decir, el empadronamiento en los últimos seis meses de cada uno de los miembros de la familia), algo que en este colectivo es especialmente complicado; o bien los ingresos del año anterior, no del actual, lo que supone tener que esperar un año, mientras que la situación de pobreza ha sido sobrevenida.
Gustavo García denuncia que la concesión de estas ayudas "depende de la sensibilidad de los funcionarios municipales, el secretario o el interventor del Ayuntamiento, para que encuentren vías más ágiles", por lo que entiende que "hay que ser consciente del sufrimiento que causa y de la imagen malísima de la Administración".
La solución que propone es "un verdadero pacto de Estado local, autonómico y estatal para revisar los documentos que no son imprescindibles para asegurar la igualdad y qué procedimientos se pueden apartar".
Sobre el resto de ayudas sociales, apunta que "el problema es que se consideran subvenciones", de manera que el procedimiento es farragoso y "para muchas personas es un calvario". "No es lo mismo recibir una prestación pública de derecho que tener que hacer cola en una fila del hambre, con la humillación que supone para las familias".
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